La pandemia de covid 19 (coronavirus) no se ha superado. Ni se han tomado medidas de carácter social en profundidad para paliar los efectos del confinamiento y de la crisis (ERTE,s, despidos, familias que se han quedado sin ingresos), entre la población. Es una medida genocida el decretar un confinamiento, con una militarización encubierta de la sociedad para hacerlo cumplir, sin haberse planteado en los más mínimo como asegurar servicios y sustento básico (empezando por el mas elemental: el alimenticio), a la población afectada. ¿Cómo van a pagar las personas los servicios de luz, agua, sanidad, comida, la casa, impuestos, etc en estas condiciones?. De la incapacidad demostrada por el sistema para hacer frente a la crisis sanitaria, en pleno s XXI, dan buena (y triste) prueba la negativa del gobierno para requisar la sanidad privada, y la catastrófica situación en los geriátricos (ya se admiten mas de 8000 muertos en Madrid de ancianos en residencias, en mas de un 90% privadas). igualmente señalamos las condiciones en que la población sin techo, la mas pobre y vulnerable, está soportando la crisis sanitaria. Todo esto lo calificamos de genocidio. Denunciamos como en medio de esta situación el gobierno ha decretado que, a partir de mañana 14 de abril, la población activa vuelva al trabajo, en condiciones que ponen gravemente en peligro su salud. La pandemia en España no se ha superado, y la vuelta al trabajo en estas condiciones supone un acto irresponsable, que (o mucho nos equivocamos), va a tener consecuencias catastróficas para la población en general, y en especial para la población trabajadora. Ya de por si España (por la voracidad empresarial), es un país que bate récords de accidentes y enfermedades laborales. Es fácil suponer, entonces, que escenario es previsible, con una vuelta al trabajo en las condiciones de la pandemia. Denunciamos que esto es jugar a la ruleta rusa con la salud de los trabajadores, y por, extensión, supone alargar la pesadilla del contagio entre toda la población. Parece que es la CEOE (la patronal), los bancos, las grandes corporaciones quienes dictan su política al gobierno.
