DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DOBLE MORAL Y DESPERTAR DE LA CONCIENCIA SOCIAL

El pasado sábado 25 de marzo, el partido político Podemos, lamentablemente en solitario y sin contar con el resto de las fuerzas políticas de la izquierda, convocó una serie de actos y manifestaciones para denunciar las vulneraciones del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dicho artículo dice que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Sin embargo, 70 años después, el incumplimiento sigue siendo flagrante, y no sólo eso, sino que las desigualdades sociales se han acrecentado en los últimos años sobremanera, los ricos cada día son más ricos y los pobres cada vez más pobres sin que se vea horizonte de cambio, dada la inveterada y bochornosa desunión de las fuerzas políticas de la izquierda a pesar de los esfuerzos de algunos, como UNID, para evitar esta desgracia que supone dejar a la mayoría social al albur de una mayor injusticia y desigualdad.

Los autores de la Declaración Universal, aprobada por las Naciones Unidas se hicieron la foto y calmaron en parte sus conciencias, sin que los flagrantes incumplimientos sean evitados y menos penalizados por el Derecho Internacional ni por esta institución, que no ha garantizado ni garantiza en absoluto su cumplimiento. Se dice que ha sido asumida por muchos Estados, pero estos no la incorporan en la parte dispositiva de sus Constituciones. Si acaso, entre los principios rectores de la política social y económica, como lo hace nuestra Constitución, en un ejercicio no ya sólo de ambigüedad, sino de doble moral abiertamente declarada, pues son muchas las instituciones jurídicas que garantizan el derecho a la propiedad privada y ninguna o muy débiles las que frente a él pretenden garantizar los derechos reconocidos en la Declaración. “Una cosa es predicar y otra dar trigo”, como bien dice la sabiduría popular.

Como se recoge en La Era de Acuario (Cap. 13. Equipo Difusor del Libro. Madrid 2015) los mismos gobiernos que dicen admitir en el seno de los ordenamientos jurídicos de sus Estados la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son los que en realidad “cumplen el papel (y lo saben hacer) de testaferros de los desmanes y abusos de los Poderes fácticos y del poder de las ideologías; por ello, además de ser detentadores de suculentos beneficios de esos poderes y de esas ideologías, se constituyen en usurpadores de los bienes del pueblo, por lo cual se convierten en verdaderos tiranos que obvian y desvían los derechos de los pueblos y de las gentes”.

Y para mayor agravio, no sólo se denominan a sí mismos demócratas, sino que consideran que cualquier otra forma de actuación política distinta a la suya no es merecedora de ese nombre.

No vamos a negar que algo se ha trabajado, aunque muy poco se ha conseguido, tal como se dice en la misma obra (La Era de Acuario citada), pero mientras algunos han aumentado exponencialmente sus fortunas, la gran mayoría está sufriendo las precariedades, hasta el punto de que más personas de las que nos dicen no disponen de esos bienes básicos, como una vivienda digna e incluso una alimentación adecuada. Seguiremos hablando de esta Declaración cuyo 70 aniversario se cumplirá el próximo 10 de diciembre de 2018.

Por su parte, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, votada por la Convención Nacional el 23 de junio de 1793, e incorporada, (eso sí como preámbulo y no en su parte dispositiva, no salimos del todo de las trampas jurídicas) a la Constitución Francesa de 24 de junio de 1793, y que a ningún gobierno actual, al menos del ámbito europeo, se le ocurriría no admitir entre su bagaje ideológico, recogía en su artículo 34 que “Existe opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido”.

Y terminaba con el artículo 35, que recogía el principio de insurrección bajo el siguiente tenor: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.”

El pueblo español se ha comportado heroicamente en muchos momentos de su historia, a pesar de las terribles represiones de que ha sido objeto. Tarde o temprano debe adquirir conciencia de su deber y actuar todos a una, como en la obra de Lope. Esperemos que al menos hable claro en las próximas elecciones, seguramente más cercanas de lo que pensamos y comience a despertar de su letargo lo antes posible, dejando a un lado los anestésicos y las intoxicaciones provenientes de intereses que hoy por hoy prevalecen sobre los generales de la población.

Mientras tanto la unión de todas las fuerzas progresistas es imprescindible para comenzar a invertir la tendencia a la marcha atrás en la disminución, cuando no desaparición, de los derechos básicos de las personas. A partir de ahí podremos empezar a trabajar para conseguir una sociedad más feliz y solidaria.

Ayudanos a difundirlo

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